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MANIFESTACIÓN ANTE LOS JUECES
INTROITO
Señores Jueces:
Mucho se ha dicho y se ha escrito, sobre lo ocurrido en nuestra Patria
durante la década de los años 70; lamentablemente, con una visión sesgada
de la realidad -no exenta de dudoso propósito- ocultando parte de la
historia de esos trágicos años y tergiversando a su vez, la parte que se hace
pública.
No es mi intención, en este momento, polemizar con dichas
opiniones, emitidas en uso del derecho a la libre expresión que protege
nuestro sistema democrático de vida. Mi conducta al respecto, ha sido la
de mantener un prudente silencio, como contribución a la concordia entre
mis conciudadanos.
Pero, en esta oportunidad -más que como imputado, como
protagonista y testigo- siento el deber inexcusable de hacer llegar ante
ustedes y a través de ustedes a la sociedad argentina toda, en particular a
sus jóvenes manipulados por la desinformación y la propaganda artera, mi
visión personal sobre aquellos hechos, que constituyen el marco de
referencia que encuadra lo que es materia de este y otros juicios en los que
me encuentro procesado.
NUESTRA ULTIMA GUERRA INTERNA
Antecedentes mediatos
Al término de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad de
naciones quedó virtualmente agrupada en derredor de dos polos de poder
-ideológicamente antagónicos- que, además de disputarse entre sí el
manejo del mundo, intentaban atraer en su favor a los países no alineados
con ellos.
El dominio del poder nuclear por parte de las dos potencias líderes
(EE UU y la URSS) y la posibilidad de su destrucción masiva en forma2
recíproca, actuó entonces como factor de disuación, dando lugar a la
llamada guerra fría: una suerte de equilibrio inestable que nadie se atrevía
a romper -so pena de la represalia- todo ello, en medio de una paz armada.
Fue justamente la URSS quien, con el afán de expandir su poder,
ideó una manera sutil de quebrar aquel equilibrio sin que provocara la
réplica; y lo hizo promoviendo, alentando y solventando los llamados
movimientos de liberación nacional: contra el colonialismo, caso de
África; o bien contra las desigualdades sociales, caso de Latinoamérica.
La estrategia así concebida, llamada también estrategia indirecta o
guerra revolucionaria, buscaba la toma del poder en dichos países,
mediante acciones violentas amparadas bajo las banderas de la
liberación.
Cabe destacar que, lo que para las grandes potencias eran “conflictos
de baja intensidad”, constituían para los países periféricos -como en
nuestro caso- conflictos en los que se jugaba la identidad nacional de estos
países.
La República Argentina no fue ajena a esa forma de agresión y, lo
que pudo ser objeto del debate y de la confrontación democrática de
ideologías encontradas, pasó a convertirse en un violento enfrentamiento
armado -dado la intolerancia del agresor- cuyo lema rezaba: “la razón
está en la boca de los fusiles”.
Antecedentes Inmediatos
El empleo de las Fuerzas Armadas en 1975, para combatir contra el
terrorismo, no fue un acto improvisado y mucho menos novedoso.
En efecto, el Ejército, dentro de su planeamiento específico de corto
plazo, contaba con el llamado “Plan de Capacidades”, el cual contenía las
previsiones para responder, con lo que se disponía en ese momento, ante
la ocurrencia de cualquiera de las hipótesis de conflicto retenidas como
tales.3
Una de esas hipótesis era la “Variante Marco Interno”, la cual preveía
una agresión por parte del terrorismo subversivo que, superando la
capacidad de represión de las Fuerzas Policiales y aún las Fuerzas de
Seguridad, impusiera el empleo de las Fuerzas Armadas, con el objeto de
restablecer el orden alterado, previo dictado del decreto correspondiente.
Luego del “Cordobazo” (producido el 29 de mayo de 1969) y del
posterior secuestro y asesinato del Teniente General Aramburu (ocurrido
el 29 de mayo de 1970) el Ejército puso en práctica el Plan de
Capacidades - “Marco Interno”, cuando su Comandante, el General
Lanusse, ordenó a dicha fuerza ejecutar, en forma limitada, operaciones de
seguridad (controles de rutas, controles de población, rastrillajes,
protección de objetivos sensibles, etc.), dado que las acciones producidas
por el agresor, no requerían un mayor grado de compromiso.
En forma simultánea, como Presidente de la Nación, el General
Lanusse promovió una modificación de la legislación penal, incluyendo
nuevas figuras delictivas, así como el agravamiento de algunas de las
penas existentes. Pero, más trascendente aún, fue la decisión de crear la
Cámara Federal Penal, integrada en su totalidad por magistrados civiles,
para actuar con jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional, a
fin de juzgar, exclusivamente, los delitos terroristas y conexos.
Este conjunto de previsiones dio excelentes resultados; tan es así que,
al finalizar el mandato del General Lanusse, el 25 de mayo de 1973, con
observancia del debido proceso, había cerca de 1.500 detenidos en calidad
de procesados o bien cumpliendo condena, en relación con los delitos ya
citados.
Lamentablemente, al asumir la Presidencia el Doctor Cámpora, dictó,
en esa misma noche, un decreto de indulto concediendo la libertad de los
detenidos y promulgó, en forma casi simultánea, una ley de amnistía
sancionada por el Congreso con igual finalidad. Vale recordar que la citada
ley de amnistía, al ser tratada en general, resultó irresponsablemente
aprobada casi por unanimidad, por parte de los legisladores integrantes de
ambas Cámaras.
Mediante dichos instrumentos legales, se dispuso la libertad de todos
los terroristas que se encontraban detenidos, los cuales fueron recibidos
como héroes por sus simpatizantes quienes, a su vez, mantenían desde 4
temprano las cárceles en su poder, a la espera del decreto presidencial que
disponía los indultos, promovido por el entonces Ministro del Interior,
Doctor Righi, a quien Perón echó de su cargo; hoy Procurador General
(“Jefe de los Fiscales”).
Asimismo, fue disuelta la Cámara Federal Penal que había dictado las
detenciones; sus jueces fueron declarados cesantes y librados a su suerte;
varios de ellos sufrieron atentados, incluso de muerte; y otros debieron
abandonar el país por falta de garantías para sí mismos y sus familias.
Simultáneamente, se dejaron sin efecto las reformas introducidas en
la legislación penal.
Extraña paradoja: el remedio judicial, eficazmente
implementado por un gobierno militar para luchar contra el
terrorismo subversivo “con la ley bajo el brazo”, fue luego
demagógicamente dejado sin efecto por el gobierno constitucional que
lo sucedió, dando lugar a la puesta en libertad de casi 1.500 terroristas
que estaban detenidos cumpliendo condena o bajo proceso, al par que
sumiendo en el desamparo a los jueces que los habían juzgado.
Por supuesto que ninguno de aquellos llamados “jóvenes idealistas”
(Perón los llamó estúpidos e imberbes cuando los echó de la Plaza de
Mayo) dejó la cárcel para reinsertarse pacíficamente en la sociedad. Todos
ellos, so pretexto de sentirse perseguidos por el sólo hecho de pensar
diferente, salieron dispuestos a matar con las armas que les entregaron al
abandonar la prisión. Con tal disposición de ánimo, pretendían dar
cumplimiento a la consigna de su paradigma, el “Che” Guevara, quien
decía:
“Que era preciso, por encima de todo, mantener vivo el odio
intransigente al enemigo; odio capaz de llevar al hombre más allá de
sus límites naturales; y transformarlo en una fría, selectiva, violenta y
eficaz máquina de matar”.
¿Conocerán este detalle quienes, con ignorante orgullo, lucen hoy la
imagen de ese nefasto personaje en tatuajes y remeras y, lo que es peor, en
despachos oficiales?5
La Agresión Terrorista
Larvada en sus inicios, al comienzo de la década del sesenta y
abiertamente desembozada en la década siguiente, la agresión terrorista
buscaba la destrucción de bienes materiales y de personas para que,
mediante el terror que dichas acciones pudieran generar, tomar el poder
político, a fin de imponer un régimen marxista-leninista, totalmente ajeno
a nuestro tradicional estilo de vida.
Capacitada para producir aquellas acciones intimidatorias, la agresión
terrorista estaba integrada mayoritariamente por personal nacional,
entrenado en Cuba, Siria, Palestina y Argelia, o bien, dentro del propio
país, con instructores foráneos. Disponía, también, de armamento y
equipos provistos por la URSS, a través de Cuba, así como fabricados
localmente en fábricas clandestinas, o fruto de ataques a organismos
militares y policiales. De la misma manera, estaba financiada con fondos
provenientes de la URSS, o con el producido de los asaltos perpetrados
contra entidades bancarias, o el botín resultante de los secuestros
extorsivos (el más notorio fue el de los hermanos Born, por un monto de
sesenta millones de dólares).
La magnitud de dicha agresión, fue aumentando con el transcurso del
tiempo, hasta llegar a una medida no conocida en nuestro país. Así
pasamos del terrorismo sistemático y selectivo, que producía el secuestro y
muerte de personas aisladas, o la ocupación de pequeñas localidades, hasta
llegar a verdaderas acciones de combate como lo fueron la toma por asalto
de unidades militares, que debían ser recuperadas por unidades vecinas, o
las operaciones bélicas libradas contra la guerrilla rural en Tucumán,
donde el enemigo intentó crear una “zona liberada”.
A mediados de la década del 70, los elementos terroristas habían
proliferado bajo distintas denominaciones, a los que se sumaban efectivos
de custodia de los dirigentes sindicales (verdaderas patotas armadas que,
más que proteger intimidaban) así como los integrantes de la Alianza
Anticomunista Argentina (AAA) una suerte de milicia clandestina que
operaba bajo la conducción del Ministro de Bienestar Social, José López
Rega.
Dentro de esta especie de “far west” vernáculo, en el cual el Estado
había perdido el monopolio de la fuerza, se destacaban por su número, 6
organización y entrenamiento, dos agrupaciones distintas a saber: el
Ejército Revolucionario del Pueblo, encabezado por Santucho, brazo
armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores, de tendencia
trotskista; y Montoneros, encabezado por Firmenich, brazo armado de la
izquierda justicialista y, más específicamente, representativo de la
Juventud Peronista.
Ambos, a su vez, actuaban bajo la forma de guerrilla rural, como en
el caso de Tucumán, con la intención de crear una “zona liberada” en dicha
provincia, aprovechando las facilidades que a tales fines ofrecía la
geografía lugareña; o bien como guerrilla urbana, en cuyo marco un joven
cumplía durante el día su cometido normal como hijo, estudiante u obrero
y, durante la noche, con una pastilla de cianuro en el bolsillo y un arma
escondida entre sus ropas o entre las mantas de un coche cuna conducido
por su pareja -generalmente embarazada y usada a modo de escudo
humano- asaltaba, secuestraba, o colocaba bombas.
En cuanto al grado de violencia desatada por el agresor, no está
demás recordar lo expresado por “The Times” de Londres, en un artículo
reproducido por el diario “La Nación” de fecha 2 de diciembre de 1977, en
el que decía: “...Se ha olvidado en el extranjero que cuando los militares
argentinos lanzaron su campaña contra el terrorismo, la sociedad y el
Estado estaban al borde del colapso, que el terrorismo comenzó al final
de los años 61 y había alcanzado proporciones que hacen los secuestros
en Alemania Occidental y los disparos a las piernas de Italia como juego
de niños contra la sociedad. Cuando la respuesta vino, mucha sangre se
había derramado como para esperar demasiada cautela en la misma...
Los terroristas italianos y germanos occidentales no pueden ser
comparados con la fuerza y la ferocidad de los dos grupos argentinos,
ambos actualmente casi aniquilados... Cuando Amnesty Internacional
publicó su informe de 92 páginas sobre la represión en la Argentina, un
editor de un diario inglés de aquí comentó: si ellos hicieran un informe
sobre las atrocidades terroristas, probablemente sería mucho más
voluminoso”.
Vale recordar también que, en su largo pontificado, el Papa Juan
Pablo II puso luz sobre distintos temas que desde el Concilio Vaticano II
eran tergiversados. Entre ellos, cierta apología de los partisanos, los
maquis, la guerrilla, y otras formas de terrorismo. 7
Con claridad, el Papa Wojtyla expresó sobre el particular lo
siguiente:
“El terrorismo piensa que la verdad en la que cree o el sufrimiento
padecido son tan absolutos que lo legitiman a reaccionar destruyendo
incluso vidas humanas inocentes”.
“Pretender imponer a otros con la violencia lo que se considera
como la verdad, significa violar la dignidad del ser humano y, en
definitiva, ultrajar a Dios, del cual es imagen”.
“Las injusticias existentes en el mundo nunca pueden usarse como
pretexto para justificar los atentados terroristas. Si nos fijamos bien, el
terrorismo no sólo instrumenta al hombre, sino también a Dios, haciendo
de él un ídolo del cual se sirve para sus propios objetivos”.
“El terrorismo se basa en el desprecio de la vida del hombre.
Precisamente por eso, no sólo comete crímenes intolerables, sino que, en
sí mismo, en cuanto recurre al terror como estrategia política y
económica, es un auténtico crimen contra la humanidad”.
A modo de anécdota puedo expresar que, dentro de esa orgía de
violencia, en mi condición de Comandante en Jefe del Ejército, fui objeto
de seis atentados contra mi vida, los cuales llegaron a materializarse sin
que, gracias a Dios, cumplieran sus designios. El primero de ellos,
ocurrido el 16 de marzo de 1976: preveía la voladura del automóvil que
me conducía a la sede de mi comando, con cargas explosivas accionadas
por control remoto, colocadas en un automóvil aparcado en la playa de
estacionamiento aledaña al edificio; y fue comandado por Verbitsky,
quien resultó posteriormente enjuiciado por la dirigencia de la
organización Montoneros, en razón de haber abandonado el lugar de los
hechos sin antes comprobar los efectos producidos por la operación, así
como asegurado el repliegue del personal a su cargo, según lo
determinaban los manuales respectivos.
La Legítima Defensa
En el mes de enero de 1975, la señora de Perón, a cargo de la
Presidencia de la Nación, dictó un Decreto por medio del cual ordenaba el 8
empleo de las Fuerzas Armadas para combatir al terrorismo hasta su
aniquilamiento, pero geográficamente limitado a una zona de operaciones
en la Provincia de Tucumán, acción que dio en llamarse “Operación
Independencia”.
Esta limitación geográfica no dejaba de ser una ventaja para el
oponente, ya que les permitía a los terroristas que actuaban dentro de la
zona de operaciones, recibir reemplazos de personal, así como refuerzos de
armamento y equipo provenientes de otras zonas del país, lo que dilataba
la posibilidad de lograr su aniquilamiento en corto plazo.
Para entonces, el país vivía un clima agobiante, signado por la
angustia que soportaba la sociedad, ante la dimensión que adquiría día a
día la agresión terrorista.
Ante ese desasosiego y la radicalización que adquiría el
enfrentamiento iniciado por los grupos terroristas, en los primeros días del
mes de octubre de 1975, el Doctor Luder, provisionalmente a cargo de la
Presidencia de la Nación (la señora de Perón se hallaba en Ascochinga, en
uso de licencia por razones de salud) convocó a una reunión de gabinete
para determinar qué hacer frente a la dimensión que había cobrado el
accionar subversivo. A dicha reunión fuimos invitados los Comandantes
Generales, quienes debíamos exponer nuestros puntos de vista sobre el
particular.
Por ser un problema típicamente terrestre, correspondía al Ejército la
responsabilidad primaria y, en esa condición, con el acuerdo de mis
camaradas de las otras dos Fuerzas debí exponer. En extrema síntesis, dije
entonces que, habiéndose agotado la instancia de represión a cargo de
las Fuerzas Policiales y de Seguridad, sin lograr restablecer el orden
alterado; y ante la inoperancia de la Justicia (por temor no había dictado
ninguna condena desde el 25 de mayo de 1973 hasta la fecha, a pesar de la
magnitud de los hechos producidos por los elementos terroristas); parecía
llegado el momento de apelar, como último recurso, al empleo de las
Fuerzas Armadas a fin de combatir al terrorismo subversivo.
Agregué que la decisión de emplear a las Fuerzas Armadas para
cumplir con ese cometido implicaba, de hecho, reconocer un estado de
guerra interna con sus consiguientes secuelas, ya que las Fuerzas
Armadas no estaban preparadas para reprimir (no disponían de 9
balines de goma, ni escudos, ni bastones, y, fundamentalmente, carecían
de entrenamiento para cumplir esa función) ya que estaban organizadas,
equipadas e instruidas para combatir; es decir para hacer la guerra,
donde se muere o se mata.
En atención a ello, se propusieron cuatro cursos de acción, en grado
creciente de libertad de acción. El primero, muy pautado, garantizaba que
no se cometieran errores o excesos, pero hacía suponer una prolongación
“sine die” del conflicto. Entendíamos por excesos, delitos comunes que
pudiera cometer personal militar al amparo de la guerra a desarrollar. Vale
recordar que al término del Proceso de Reorganización Nacional, se
hallaban cumpliendo condena más de doscientos cincuenta uniformados,
acusados por haber cometido delitos de esa naturaleza.
Los cursos de acción segundo y tercero, eran un gradiente mayor de
libertad de acción. El curso de acción cuarto (que resultó seleccionado)
preveía el despliegue de las Fuerzas Armadas, así como de las
Policiales y las de Seguridad -estas dos bajo el control operacional de
las primeras- en la totalidad del territorio nacional; y, a partir de ese
despliegue disperso, nada fácil de controlar, actuar simultáneamente
en la búsqueda del enemigo para combatirlo donde fuera hallado.
Cabe destacar que el agresor actuaba en la clandestinidad, dentro de una
organización celular difícil de penetrar, que imponía una paciente tarea de
inteligencia para localizarlo.
Debo rendir homenaje al coraje cívico demostrado por el Doctor
Luder en esa ocasión quien, sin hesitar, seleccionó este curso de acción
que era el más riesgoso en cuanto a la posibilidad de que ocurrieran
errores o excesos, pero que garantizaba la derrota del terrorismo en no más
de un año y medio de lucha. Es más, ante un pedido de intervención por
parte de uno de los ministros asistentes, el Doctor Luder manifestó tener
decidida su resolución y con ello cerró el debate.
Esta firmeza del Doctor Luder no fue la misma cuando, al deponer
como testigo en el juicio a las Juntas, se limitó a hacer una interpretación
semántica del término aniquilar, sin reparar que los reglamentos vigentes a
la fecha, definían con precisión, el alcance de dicho término. Más grave
aún, olvidó, fuera de todo tecnicismo doctrinario, que la acción de
aniquilar constituía la interpretación más acabada de lo que expresara el 10
General Perón, en la carta dirigida a la Guarnición Militar de Azul, luego
del intento de copamiento del que fuera objeto. De dicha carta rescato la
siguiente frase, referida a los terroristas atacantes: “que el reducido
número de psicópatas que va quedando sea exterminado uno a uno para
el bien de la República”.
Reflejo también de ese estado de ánimo, proclive a llevar adelante
una guerra sin cuartel contra los grupos terroristas, son las palabras
pronunciadas por el Diputado Stecco, durante el homenaje que la Cámara
de Diputados rindió a José Rucci, con motivo del atentado que le costó su
vida. Dijo entonces el Diputado Stecco: “Por eso esta Cámara de
Diputados, que dicta las leyes del país, debe dar amplios poderes a
nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad, sin que con ello se quiebre la
libertad, para perseguirlos hasta sus guaridas y matarlos como a ratas,
porque no merecen vivir en este suelo”.
Ningún partido político, ninguna fuerza sindical, ninguna
organización no gubernamental, tampoco los medios de prensa, objetaron
las duras palabras del Diputado Stecco.
De similar tenor fueron las palabras del Ministro de Defensa, Doctor
Vottero, pronunciadas en el acto de cierre de los cursos de la Escuela de
Defensa Nacional, en diciembre de 1975, oportunidad en la que expresó:
“...ante la lucha total, sofisticada y compleja, despiadada, diabólica y
criminal, promovida por la subversión armada, queda una sola
alternativa: el exterminio total del enemigo...”
Por su parte el ex-Presidente Frondizi, decía al respecto lo siguiente:
“La subversión fue organizada desde el exterior para tratar de
conquistar el poder e imponer ideas marxistas, destruyendo los valores
que conforman nuestra identidad nacional. Pero fue vencida por las
Fuerzas Armadas y de Seguridad, cumpliendo las órdenes del gobierno
constitucional que dispuso aniquilarla. Esta palabra `aniquilarla´, no la
inventaron los militares; está en el decreto dictado por un gobierno
constitucional”.
Como complemento de los decretos firmados por el Doctor Luder, el
Ministerio de Defensa impartió la Directiva N°1 y, a partir de ella, impartí
la Directiva N° 404, “Lucha Contra la Subversión”, mediante la cual se 11
puso en ejecución, por parte del Ejército, el planeamiento correspondiente
a la Hipótesis de Conflicto “Marco Interno”.
A los fines de esa guerra, cada una de las Fuerzas Armadas tenía
asignadas zonas territoriales, donde ejercían sus responsabilidades
operacionales los respectivos Comandantes Generales.
Corolario
Bien podemos decir entonces, que la Nación Argentina hubo de
afrontar -de hecho y de derecho- un conflicto bélico interno, irregular
en su forma, de carácter revolucionario, con profunda raíz ideológica,
alentado desde el exterior.
Así lo reconoció tiempo después la Cámara Federal (a la cual
desconocí por no tener competencia para juzgarme, toda vez que no era
mi juez natural, sino una comisión especial fulminada por el Art.18 de la
Constitución Nacional) cuando dicho Tribunal, al dictar sentencia en la
causa 13/84, llamada “de los Comandantes”, sin mencionar la figura de
genocidio, así como tampoco la existencia de delitos de lesa
humanidad, entre otros conceptos expresó:
- Que “…En consideración a los múltiples antecedentes acopiados en
este proceso y a las características que asumió el terrorismo en la
República Argentina, cabe concluir que, dentro de los criterios de
clasificación expuestos, el fenómeno se correspondió con el
concepto de `guerra revolucionaria´.”
- Que “…algunos de los hechos de esa guerra habrían justificado la
aplicación de la pena de muerte contemplada en el Código de Justicia
Militar…”
- Que “…Como consecuencia de lo hasta aquí expresado, debemos
admitir que en nuestro país hubo una guerra interna, iniciada
por las organizaciones terroristas contra las instituciones de su
propio Estado.”12
Mal puede hablarse entonces -como lo hizo el Presidente Alfonsín en
el Decreto 158/83, mediante el cual ordenó el juicio a las Juntas- de la
existencia de homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, secuestros o
lugares clandestinos de detención, introduciendo figuras delictivas del
Código Penal, dentro del juzgamiento de actividades de combate,
ocurridas en el marco de una guerra interna.
Por el contrario, si aceptamos la existencia de una guerra, como lo
expresara la Cámara Federal, debemos hablar de prisioneros capturados e
internados en lugares de reunión, generalmente secretos por razones de
seguridad; de heridos, mutilados, muertos o desaparecidos; saldo
inevitable de cualquier conflicto bélico; máxime en éste por su peculiar
naturaleza.
Menos aún podemos aceptar la figura de “asociación ilícita”, como
forma de relación entre el que manda y el que obedece, que no puede ser
otra más que la subordinación. Subordinación no es obediencia ciega al
capricho del que manda. Subordinación es obediencia consciente a la
voluntad del superior, en función de un objetivo que está por encima del
que manda y del que obedece -en este caso la defensa de la Nación
agredida- y en razón del cual el mando deja de ser arbitrario y la
obediencia se ennoblece.
Algunos han calificado a esta guerra, como una “guerra sucia”. Yo
me niego a aceptar ese calificativo, pues significaría reconocer la
existencia de guerras “limpias” y “sucias”. Santo Tomás de Aquino
reconoce la existencia de guerras justas o injustas; y agrega que las guerras
defensivas -como la librada en nuestra Patria- en general son guerras
justas.
La guerra es un fenómeno en sí misma, y hay que aceptarla como tal,
sin aditamentos de ninguna especie. Acepto sí, que cada guerra tiene sus
peculiaridades o características propias, que la hacen distinta de las otras, y
esta guerra tuvo, por cierto, sus características distintivas.
Ante todo, no fue una guerra clásica. Fue, en cambio, una guerra
irregular, y dentro de esa irregularidad yo, personalmente, opino que su
signo distintivo fue la imprecisión.13
Fue imprecisa en su comienzo, a tal punto que me pregunto: ¿quién,
a ciencia cierta, puede decir cuándo comenzó esta guerra? más allá de
los decretos que le dieron forma jurídica.
Pero, si fue imprecisa en su comienzo, no lo fue menos en su término.
Y me vuelvo a preguntar sin tener respuesta ¿cuándo realmente terminó
esta guerra? Si bien es cierto, las operaciones militares hicieron crisis
entre los años 1975 y 1976, y comenzaron a declinar en 1977, hasta casi
desaparecer a fines de ese año, yo no me atrevería a afirmar si fue entonces
que esta guerra terminó. Es más, me pregunto si aún hoy podemos
asegurar que, más allá de las operaciones militares, esta guerra,
usando medios no violentos, haya realmente terminado. Al respecto,
me atrevo afirmar que en el escenario de la guerra revolucionaria, no
existe el postconflicto, a pesar de que se levanten banderas de paz.
Por otra parte, a diferencia de la guerra convencional en la cual el
enemigo entra en esa categoría de manera totalmente genérica y anónima,
en la guerra irregular -como lo fue nuestra última guerra interna- el
enemigo entraba en calidad de tal, luego de un delicado trabajo de
inteligencia que permitía identificarlo con nombre y apellido para recién
combatirlo, circunstancia ésta que le otorgaba al conflicto un matiz
personalizado, y por ende, hacía más patético aún, al enfrentamiento que
tuvo lugar entre hermanos argentinos.
Esta guerra materializaba la legítima defensa de la Nación agredida,
frente al ilegítimo agresor quien, por medio del terror, pretendía cambiarle
su tradicional sistema de vida; y la misma fue dispuesta por un gobierno
constitucional en pleno ejercicio de sus atribuciones, único caso en la
región, sin objeciones por parte de los cuerpos legislativos como de los
judiciales, y contó con la adhesión mayoritaria de la ciudadanía.
De ahí que no se levantaran, entonces, voces contrarias a esa
decisión; antes bien, el alivio fue la sensación imperante.
Resulta por ello falso, y cuanto menos ingenuo, pretender simplificar
los hechos al extremo de afirmar que los mismos, fueron la resultante de
un enfrentamiento armado entre grupos antagónicos (en este caso jóvenes
idealistas, versus militares que los reprimían por pensar distinto); todo ello,
frente a una sociedad pasiva y expectante. 14
Por el contrario, fue justamente la sociedad argentina la principal
protagonista de aquel acontecimiento bélico: objeto, en primer término, de
la agresión que pretendía sojuzgarla por el terror; y sujeto, luego, que
ordenó a su brazo armado acudir en su legítima defensa.
Como en toda guerra y máxime en ésta que fue irregular en su forma,
imprecisa en su desarrollo, librada contra un enemigo mimético que no
exhibía uniforme ni bandera, se llegó a situaciones límite que
ensombrecieron al país con actos rayanos en el horror; horrores que tal
vez resulte difícil justificar, pero que merecen comprensión, en el marco
de crueldad de un conflicto bélico interno como el descripto.
Así ganamos nuestra última guerra interna contra el terrorismo, a un
alto costo de sangre difícil de amenguar, precio ineludible para seguir
siendo una República como marca nuestra Constitución Nacional. La
sociedad toda nos debe su veredicto.
En otro orden de ideas, el pronunciamiento militar del 24 de marzo
de 1976, no quitó ni agregó nada a la guerra que se venía desarrollando,
cuando funcionaba en el país un régimen constitucional; y que continuó,
luego de esa fecha, sin cambiar sus objetivos, así como la modalidad de su
ejecución, hasta su término apreciado a fines de 1977, principios de 1978.
Durante esos tremendos años de guerra, las Fuerzas Armadas
mantuvieron la decisión de restaurar la plenitud del régimen
constitucional, luego de que se afirmara el triunfo militar y se consolidara
la paz. Por ello, sus integrantes tuvieron -y continúan teniendo- la
convicción de haber prestado un inestimable servicio a la Nación agredida,
derrotando a su enemigo, y facilitando con su acción, el restablecimiento
del sistema republicano de vida que marca nuestra Constitución Nacional.
Por todo lo expuesto, reclamo para el pueblo argentino en general y
para sus Fuerzas Armadas de Seguridad y Policiales en particular, el honor
de la victoria en la guerra interna ya descripta.
Lamento sí, las secuelas que deja toda guerra y valoro el sufrimiento
de quienes, con auténtico dolor, lloran por sus seres queridos mutilados o
muertos; así como deploro a quienes especulan con el dolor ajeno, que ni
siquiera tangencialmente los ha rozado, pero que no trepidan en transar
pingües negocios, a la sombra de las banderas de los derechos humanos.15
Reitero que asumo en plenitud mis responsabilidades castrenses, con
total prescindencia de mis subordinados, que se limitaron a cumplir mis
órdenes; órdenes ajustadas a la doctrina vigente, volcada en los
reglamentos en vigor a la fecha y que fueron calificadas como
inobjetables por el Consejo Supremo de las FF AA.
* * *
Habíamos ganado la guerra en el campo militar; lamentablemente, no
supimos afirmar esa victoria en el campo político. Se cumplía así lo
expresado en un manifiesto producido por el terrorismo subversivo en el
año 1977 que expresaba: “A los militares, no pudimos doblegarlos por el
temor al combate; es momento de replegarse sobre las bases y esperar.”
(Para entonces, los cabecillas huían hacia el exilio y los militantes debían
mimetizarse dentro de la sociedad). Continuaban diciendo: “Cuando llegue
el tiempo de la política, y sobrevenga en ellos el temor a practicarla porque
no saben hacerla, será el momento de volver a la lucha para derrotarlos en
ese campo”.
No hay duda que los enemigos derrotados ayer, cumplieron con sus
propósitos. Hoy gobiernan nuestro país y pretenden erigirse en paladines
de la defensa de los derechos humanos que ellos -en su tiempo- no
titubearon en conculcar en grado superlativo.
Escudados en la impunidad que hoy les brinda una justicia asimétrica
y vaciada de derecho, no necesitan ya de la violencia para acceder al
poder, porque están en el poder y, desde él, intentan la instauración de un
régimen marxista a la manera de Gramsci, tomando como rehenes a las
instituciones de la República y haciendo de ella, una simple expresión
verbal, ajena a lo que prescribe nuestra Constitución Nacional.
Gramsci puede estar satisfecho de sus alumnos… La Constitución
Nacional guarda luto por la República “desaparecida”.
* * *
Señores Jueces:
Reitero que ustedes no son mis jueces naturales; no obstante, en mi
carácter de preso político, deseo manifestar lo siguiente: Las garantías 16
constitucionales de las que gozamos quienes somos juzgados en este
contexto, constituyen una farsa que, para ser interpretada, requiere de
condiciones histriónicas que no poseo. Además, todo el poder político ha
sido encauzado para lograr nuestra condena, a cualquier costa y por
cualquier medio. Por ello, me he abstenido de alegar en una defensa que
no guarda sentido.
Por otra parte, con este enjuiciamiento, desconociendo las garantías
del debido proceso -entre otras la cosa juzgada y la irretroactividad de la
ley penal- se pretende que, a través de la sentencia que vayan a dictar,
homologuen una decisión política adoptada con sentido de revancha, por
quienes, después de ser militarmente derrotados, se encuentran hoy
ocupando los más diversos cargos del Estado.
Esta irregular situación, que bien podríamos calificar como
“terrorismo judicial”, y que pudo disimularse mediante las formalidades de
un debate, no bastó para que, conceptualmente, el derecho quedara afuera
de la administración de justicia, produciendo su vaciamiento.
Frente a esa realidad que no está en mis manos modificar, asumiré,
bajo protesta, la injusta condena que se me pueda imponer, como
contribución de mi parte al logro de la concordia nacional; y la he de
ofrecer a modo de un acto de servicio más, que debo prestar a Dios
Nuestro Señor y a la Patria.
Con ello pretendo cumplir con mi conciencia… Cumplan ustedes
con la suya.
EPILOGO
Desde los tiempos más remotos -y así lo dice la Biblia- las sociedades
recurrieron a la figura del chivo expiatorio para lavar sus culpas colectivas
y, de esa manera, acallar sus conciencias.
La sociedad argentina, que fue principal protagonista de uno de los
momentos más cruciales de nuestra historia reciente, abrumada por una
tremenda campaña de acción psicológica, no escapó a aquella regla. Y lo
hizo, aunque resulte penoso reconocerlo, permitiendo que se malversara la 17
verdad histórica, mediante la aceptación de una visión hemipléjica de la
misma, acerca de acontecimientos que costaron la vida de muchos
conciudadanos, civiles y militares, que cayeron por defender a la Patria, o
en pos de ideales equivocados.
Con esa actitud, sólo se ha logrado sembrar la discordia y anidar el
odio en muchos corazones hermanos, postergando con ello la tan ansiada
unión nacional.
Pareciera, llegado el tiempo para que la sociedad toda, a través de su
dirigencia, asuma su protagonismo perdido; y, dejando de lado la
memoria asimétrica predicada desde los círculos oficiales; fuera de
cualquier especulación sectorial o de escapismos hipócritas; promueva
-mediante un diálogo superador- el exhaustivo e imparcial examen
necesario sobre los terribles años de nuestra última contienda interna, de
tal manera que nos permita dejar atrás, sin cargos de conciencia, un
luctuoso y traumático pasado.
Entregaremos así, a quienes nos sucedan, un legado que les ayude a
superar los desencuentros padecidos por nuestra generación. Sin olvido,
pero también sin rencor: para no repetir los errores del pasado; con
justicia, pero no con venganza: dando y quitando con equidad a quien
debe dársele y quitársele; en busca sólo de la unión nacional, concebida
-al decir de Ortega y Gasset- como un proyecto compartido de Nación; de
manera tal que podamos mostrarnos ante el Mundo, como un País libre,
pujante, abierto a la concordia, reconciliado y en paz.
Quiera Dios Nuestro Señor que así sea.
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